No debéis preocuparos por mí, aquí estoy bien “protegido”, la comida es más que suficiente, aunque pueda resultar monótona, los funcionarios son correctos y hacen su trabajo. Tengo la ropa y las lecturas necesarias.
La única tortura psicológica es la imposibilidad de encontrar el silencio y la soledad indispensables para trabajar, leer, escribir, estudiar y orar, al tratarse de un módulo fuera de lo común y pequeño, que carece de biblioteca y no ofrece apenas actividades intelectuales.
La vida en la celda (casi 16 horas) está supeditada al interno que te acompañe, cuyos intereses aquí no suelen ir más allá de fumar y tener su tele encendida a todas horas para evitar la paz que da el silencio.
Pero hay que tomarse estas incomodidades para el espíritu como parte de nuestro pequeño sacrificio. Poco a poco voy dominando la difícil técnica de abstraerme de lo que me rodea (ruido, anuncios, movimiento, conversaciones) y concentrarme en la lectura de algún libro interesante. Más difícil resulta escribir en esta situación.
Pero basta de quejas. Somos objeto de persecución y prisión por un supuesto delito de opinión. Eso es lo decisivo. ¡Y a eso nos oponemos!
Es sabido que los medios de comunicación, periódicos, radios o cadenas de televisión, suelen ser las terminales de un partido político determinado y, en todo caso, responden a tendencias ideológicas o políticas concretas. Y los partidos se han convertido, a su vez, en terminales de las entidades financieras que son, en última instancia, quienes posibilitan su existencia.
Ahora bien, me dirán, gracias a Montesquieu la separación de poderes impide que los jueces o fiscales se conviertan a su vez en terminales de grupos de presión de ningún tipo.
Sin embargo, la realidad nos muestra que existe un proceso de fusión práctica de los tres poderes. Baste recordar los tejemanejes de los partidos para asegurarse la tendencia dominante en el Tribunal Constitucional o los casos en su día mediáticos de Ruiz Mateos, el juez Gómez de Liaño o Mario Conde, donde la “Justicia” se doblegó ante la política, y ésta a su vez ante el poder económico.
Nuestro caso vuelve a poner en evidencia esta conclusión, por cuanto entidades ideológicas tremendamente politizadas, cuales pueden ser el “Movimiento Contra la Intolerancia”, del muy intolerante Esteban Ibarra (que además de recibir subvenciones millonarias del Gobierno en plena crisis económica, no tuvo un pasado tan “pacifista” como quiere hacer creer), presionan a la Fiscalía de Madrid para que se cree una fiscalía especializada (consiguiéndolo finalmente) en lo que los manipuladores del lenguaje han dado en llamar “delitos de odio”. El objeto real de su trabajo es perseguir a una parte de la población en base a sus tendencias políticas.
En Barcelona, como ya hemos expuesto anteriormente, los vividores de SOS-Racismo tienen sus amigos jueces y fiscales, absolutamente politizados como el retirado J. María Mena, que puso a sus amiguetes ideológicos en los puestos clave para controlar a los supuestos heterodoxos, amparándose una vez más en unos “delitos de odio”, normalmente inventados.
Repitámoslo: las ONG ideológicas, los periódicos y los partidos son terminales de las finanzas, y no al revés.
Estos fiscales-políticos presionan a juezas noveles* o feministas de la siguiente guisa: “Si ya lo sé, no es lo suyo, pero es por una razón de Estado, se trata de darles un escarmiento, una medida ejemplarizante, dejemos que prueben la prisión.” En realidad no lo hacen por razón de Estado, ni siquiera porque la sociedad lo reclame (¿cuántos hay que apoyen el secuestro de libros y el encarcelamiento de editores?), lo hacen por razón de Gobierno, pero más exactamente por razón ideológica y la correspondiente animadversión personal. Esto es así y no de otra manera.
¿Con qué problema nos encontramos? En realidad con dos. Uno es que ante la presión de una minoría se crean dos fiscalías especiales al efecto, en Barcelona y Madrid, que son auténticos cargos represores, contrarios al concepto humanista de libertad y que, conculcando nuestros derechos fundamentales, son utilizadas de plataforma para criminalizar a quienes les venga en gana, colocándoles la simple etiqueta mágica de “delito de odio”.
El otro problema es que esas mismas minorías introdujeron por la puerta de atrás “leyes del bozal” tremendamente elásticas y en las que puede entrar cualquiera, con el único objeto de legalizar la persecución de ciertos libros, ideas o simples simpatías con épocas históricas, facilitando a las mencionadas “fiscalías del odio”, creadas ad usum, los medios jurídicos para crear la figura legal del “enemigo” ideológico del Sistema, permitiendo su persecución y represión.
Hecho esto, más de un juez cae en la tentación de firmar una orden de entrada y registro, confiscación y detención en base al “discurso de odio” que les presenten estos profesionales de la criminalización del ciudadano que no pueden doblegar (para mayor desdoro de su carrera personal y por ende de la profesión). Habrá pues que orar para que un más alto sentido de la justicia ilumine a los magistrados y fiscales, no dejándose arrastrar por una justicia evidentemente política. Porque de seguir por ese camino, los auténticos fomentadores del odio corren el riesgo de derrotarse a sí mismos, al ponerse en evidencia ante la población.
Un buen número de los problemas que perturban la vida de los Estados y de la llamada democracia son de la categoría de los delitos que el derecho penal considera artificiales; es decir, aquéllos que dependiendo del gobernante y de la situación mediática hoy son delito y mañana no lo son.
Unos delitos llevan la gravedad en sí mismos (como el asesinato), otros dependen de la voluntad de quienes quieren que existan (nuestro delito de edición de libros).
Pero un funcionario cobra su sueldo y los ciudadanos se lo pagan. De ahí que un día pueden dejar de pagárselo. Para justificar su lugar ante el abrevadero, su sueldo a fin de mes y la razón de su existencia, han de inventar el delito y han de inventar el delincuente.
Pero, ¿cuánto tiempo piensan que podrán tomar el pelo a quienes se supone que son objeto de su protección?
La población, en realidad, tiene otros intereses y otras preocupaciones; pero esta minoría ofuscada pretende hacernos creer que es necesario confiscar libros y condenar a los editores.
Muchos problemas tienen su origen en las deficiencias de quienes gobiernan y la cabezonería por permanecer en sus propios errores, manteniendo los delitos artificiales por excelencia.
Lo absurdo de nuestra situación pone en evidencia la artificialidad de una serie de afirmaciones legislativo-judiciales que no son más que humo para cubrir un abuso continuado de poder.
Por eso, quienes hoy nos persiguen están derrotados de antemano.
La resignación es virtud para casos perdidos. Quien resiste, vence.
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